Abortos en Nicaragua: entre secretos y bajo riesgos

Ya sea consiguiendo fármacos de forma sigilosa o acudiendo a una clínica clandestina, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en Nicaragua deben proceder con cautela. El tema del aborto se ha mantenido como un secreto a voces, convirtiéndose en una práctica de la que todos conocen, pero de la que nadie habla en voz alta.

Desde hace 17 años, Nicaragua es de los pocos países de la región en el cual el aborto se encuentra penalizado bajo todas sus formas, sin tomar en cuenta las condiciones bajo las cuales este sea solicitado o practicado, o que esto signifique poner en riesgo la vida de la mujer gestante.

En el año 2007, en medio de los tumultos de transición de gobierno de aquel tiempo, el Código Penal nicaragüense quedó oficialmente reformado y desde entonces establece que a cualquier mujer “que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique, se le impondrá pena de 1 a 2 años de prisión”.

Una práctica en la clandestinidad

Pero a pesar de su total prohibición en el país, los abortos no se han detenido, sino que han continuado realizándose bajo clandestinidad, lo que ha supuesto un peligro para las niñas y mujeres, en especial para aquellas de escasos recursos, que acuden a una serie de métodos de alto riesgo para interrumpir el embarazo.

“Hemos escuchado de métodos muy inseguros, que bebidas raras, que la inserción de objetos vaginales, o hay chavalas que consiguen la misoprostol y que con orientación de alguna enfermera o médico amigo lo practican a escondidas, pero no hay estadísticas porque es un tema súper delicado” comparte la psicóloga “Ana”, quien ha tenido contacto cercano con algunos casos en el país.

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Un estudio publicado por la revista científica The Lancet, que analiza la proporción entre embarazos no deseados y abortos a nivel mundial, confirma que las penalizaciones no reducen el número de abortos. En cambio, destaca que las tasas de embarazos no deseados son substancialmente más altas en aquellos países en los que el aborto es penalizado; una afirmación que coincide con la realidad de Nicaragua, país que cuenta con una de las mayores tasas de embarazos adolescentes.

“Algunas mujeres en estos entornos restrictivos deben tomar riesgos legales y físicos para acceder a servicios de aborto, lo que corrobora que las mujeres con embarazos no deseados dependen del aborto incluso en entornos donde este está restringido” destaca The Lancet.

Adversidades de la clandestinidad

“Ana” confirma que aun tras la derogación del aborto terapéutico en 2006 “igual hubo lugares que lo practicaban, clínicas privadas que habían alterado los costos y a los que no cualquiera podía acceder”, y es que precisamente, los datos reflejan que las más afectadas son las mujeres en zonas vulnerables, quienes no pueden optar a estos costosos procedimientos clandestinos o no pueden salir del país en búsqueda de un procedimiento seguro.

“El peligro es que las chavalas lo tienen que hacer a escondidas, implica que tenés que buscar una casa de seguridad, no podés hablarlo, no podés decir nada si te sentís mal, vos tenés que asumir las consecuencias” cuestiona.

Estudios alertan sobre las diversas complicaciones de un aborto inseguro que van desde hemorragias, perforaciones, infecciones, hasta incluso la muerte. Y el tema se hace más complejo, cuando la misma penalización afecta la respuesta del personal médico ante las emergencias obstétricas, quienes deben afrontar el miedo de la inhabilitación de su oficio y penas de hasta cinco años por verse asociados en alguno de estos casos.

El constante debate

Guillermo Rodríguez García, oficial de campañas sobre derechos sexuales y reproductivos de Amnistía Internacional, asegura que no se identifica beneficio alguno de mantener la penalización absoluta del aborto “porque al final del día quienes pierden son las niñas y las mujeres”, y destaca que el problema es cuando el tema solo se debate entre estar a favor o en contra, cuando “en realidad hay muchos más matices”.

“Lo que nos dicen la cifras en América Latina, es que, si hay resistencia, pero no es una resistencia total a la liberalización del aborto, porque cuando le preguntas a la gente y ponemos las historias de qué pasa cuando hay una prohibición absoluta al aborto, entonces las respuestas ya no son tan contundentes” asegura.

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El oficial de Amnistía trae a la mesa la campaña “Niñas, No Madres”, la cual recopila las historias de cinco niñas menores de 14 años, víctimas de violencia sexual, que fueron forzadas a ser madres, dos de estas niñas son precisamente de Nicaragua. “Cuando uno conoce estas historias de Camila, Susana, Fátima, la gente entonces empieza a decir ‘¡ah bueno, ahí no! si se trata de una niña, y se trata de violencia sexual, entonces ahí debería de permitirse’”.

“Cuando uno hace esos matices ya no es tan dicotómico, ya no es tan polarizante, y muchas veces las fuerzas fundamentalistas precisamente lo que hacen es llevarlo a ese terreno del blanco y negro, de o es sí total o no total. Ese blanco y negro termina siendo muy funcional para quienes buscan restringir el acceso al derecho” y agrega que por ello es importante insistir en que “hay matices y que realmente la penalización del aborto pone en riesgo a perfiles específicos”.

¿“Defender la vida”?

Aunque en sus cartillas el Ministerio de Salud (Minsa) presume de que su modelo actual se basa “en defender la vida en toda circunstancia… desde esa parte tan vital como es el embarazo”, y que los mismos dirigentes políticos afirman encontrarse “comprometidos en reducir las estadísticas de muertes maternas”, la realidad es otra.

“Yo no afirmaría que el gobierno tiene un compromiso de prevenir las muertes maternas, porque todas las evidencias dicen lo contrario, tienen un discurso, pero como tienen un discurso con la equidad de género, o con los derechos de los cuerpos disidentes, pero los discursos deben contrastarse con las políticas públicas y con los recursos, y no conocemos de una política integral de salud sexual y reproductiva, o de una política para la prevención de la violencia de género y sexual” destaca la socióloga María Teresa Blandón.

María Teresa Blandón, feminista socióloga. FOTO: Realidades.

Y cuestiona que en la realidad, el modelo actual solo se basa en “ir a las comunidades a captar a jóvenes embarazadas para llevarlas a las casas maternas y que puedan tener un parto hospitalario, pero no les importa cómo salieron embarazadas, ni saben tampoco qué va a pasar después del puerperio, porque un cuerpecito de 12-14 años después de un embarazo va a tener serios problemas de salud, pero a eso no le da seguimiento el Minsa, entonces si se muere 6 meses después ya no lo ponen como muerte materna, sino por otras causas”.

Procesamientos legales

Sin embargo, la escasez de información —un problema generalizado en el país— dificulta conocer cómo están manejando las autoridades el tema en la realidad. A diferencia de El Salvador, donde los casos de acciones penales contra mujeres que han tenido un aborto son ampliamente conocidos, en Nicaragua no se habla al respecto.

Años anteriores, los informes oficiales estimaban que entre 2003 y 2013 hubieron alrededor de 290 denuncias o detenciones de hombres y mujeres por aborto. En la actualidad, la Policía Nacional de Nicaragua no publica más información al respecto.

El último Anuario Estadístico Policial fue publicado en 2021, en este se señala que entre los años 2020-2021 fueron registradas cinco denuncias de abortos, de las cuales cuatro fueron “resueltas”, pero no existe mayor información al respecto y ninguno de estos casos fueron de conocimiento en la agenda informativa nacional.

El estigma, junto al miedo generalizado que existe para las mujeres y personal médico, y la falta de información pública, han contribuido a que el tema del aborto permanezca en secretismo, por lo que nadie sabe exactamente cuántos se practican al año ni cuántas personas están siendo procesadas legalmente por ello hoy en día.

Mitos promueven la insensibilidad

Esta falta de transparencia en las cifras no permite reconocer el impacto real que la penalización tiene para la vida de las mujeres y niñas del país, y las opiniones se delimitan en torno a los prejuicios. “Las personas creen que voy a ir a hacerme un aborto como que voy a ir a comerme un helado, nadie piensa en las condiciones reales, en las necesidades físicas y psicológicas de esa persona, es mucho de estigmatizar y emitir juicios sin conocer las realidades” asegura Ana.

Y es que la experta en salud mental, insiste en que la penalización y falta de empatía en torno al tema, no solo impide el acceso clínico, sino que también aísla a las mujeres y niñas. “Son muy pocas las chavalas que han pasado por este proceso y que reciben atención integral posterior, incluso hasta los movimientos y los centros de mujeres que daban esta atención están clausurados, entonces ¿a quién le decís cómo te sentís si eso no lo podés hablar con nadie? Hay una serie de mitos que afectan psicológicamente, y esa también es otra forma de condena”.

“Hay también una sanción social, que puede impactar en la vida laboral y en el acceso a educación de niñas, que en algunos casos no quieren volver a la escuela por la sanción social de ser madre. Estas regulaciones cumplen el objetivo, que es generar miedo y desaparecer la solidaridad espontánea, aísla a la persona, deja más sola a la mujer y a la niña, porque lo que quieren justamente es desintegrar a estas redes comunitarias” coincide Rodríguez.

Impacto de la penalización

Para la socióloga Blandón, la penalización del aborto posee un impacto “letal”, “porque esa norma ocurre en un país donde no hay educación sexual, donde el acceso a métodos anticonceptivos seguros es insuficiente y donde hay mucha violencia machista”.

“Hay una naturalización del embarazo en niñas y adolescentes producto de la violencia sexual y no se les ofrece ninguna alternativa, la alternativa que se les da es que terminen el embarazo y que se regresen a su casa a hacerse cargo como sea, pero el Estado no se ocupa de darles seguimiento ni mucho menos de apoyar a esa familia, hay una indolencia, una falta de sensibilidad, de información y de políticas públicas integrales que puedan atender los problemas de raíz” cuestiona.