Dictadura despoja de la nacionalidad nicaragüense a 135 presos políticos

Mynor V / Realidades

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Autor: Houston Castillo Vado

    El régimen sandinista de Daniel Ortega por medio de la Corte Suprema de Justicia que controla, emitió el martes una resolución en la que ordenó el despojo de la nacionalidad a 135 opositores excarcelados recientemente y enviados a Guatemala por gestiones del gobierno estadounidense.

    Según la máxima autoridad judicial en Nicaragua, los excarcelados “atentaron contra la soberanía, independencia” del país y promovieron “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica”, todo ello penalizado en la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la Ley 1145, o Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, pese a que ambas legislaciones son violatorias de los derechos humanos.

    El régimen sandinista también ordenó el decomiso de todos los bienes de los opositores excarcelados “a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país”.

    De momento no hay una lista oficial de personas excarceladas ya que el régimen mantiene bajo sigilo los nombres.

    REALIDADES ha intentado realizar una lista provisional de reos políticos. 

    Despojo de nacionalidad se ha vuelto una constante

    El régimen de Ortega ha venido despojando de la nacionalidad a sus críticos y a los excarcelados por razones políticas.

    En febrero de 2023, el régimen despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos luego de un acuerdo entre Washington y Managua.

    Estados Unidos rechazó el despojo de la nacionalidad y mencionó que nunca se acordó esa medida posterior a la excarcelación.

    A la condena por el despojo de nacionalidad de opositores se sumó Chile, Colombia y España, quienes ofrecieron su apoyo a los nicaragüenses ante esta medida.

    Nicaragua vive una grave crisis social y política desde el año 2018 que surgieron protestas contra el régimen sandinista las cuales catalogó como un “fallido golpe de Estado”.

    Las protestas dejaron más de 300 muertos, así como miles de heridos y exiliados.