Peritaje periodístico de familia quemada viva en barrio Carlos Marx

En medio de llantos y oraciones para salvar sus vidas, las llamas alcanzaron a cuatro adultos y dos niños. Los autores no solo provocaron aquel gigantesco incendio en la propiedad de tres plantas, también dispararon fallidamente para asesinar a los sobrevivientes. El crimen de lesa humanidad en el barrio Carlos Marx de Managua, cumplió seis años de impunidad el pasado 16 de junio de 2024.

Las dos hermanas y el trabajador de la familia, desaparecieron de la opinión pública, mientras el deteriorado edificio se mantiene en pie, y puesto en venta por un valor que oscila entre 250,000 a 300,000 dólares.

Los sobrevivientes señalaron como los autores a la Policía Nacional. Mientras la institución, sin un peritaje con adecuado procedimiento, responsabilizó a seis jóvenes de los cuales únicamente detuvieron a dos, aunque posteriormente fueron liberados. Pero es la palabra de la institución contra una comunidad que refuta sus conclusiones. 

¿Y el peritaje criminalístico? 

Con una experiencia de siete años en cobertura de la fuente policial, estaba acostumbrado a presenciar y documentar los peritajes policiales que realizan los agentes en una escena del crimen, con el fin de esclarecer los hechos y posteriormente remitirlos ante la Fiscalía.

El trabajo consiste: cerrar el perímetro con cinta amarilla, evitar que la población altere u contamine la escena. De eso se encarga el equipo de investigadores y con formación en criminalística. Además, se toman fotografías de las evidencias y posteriormente las recogen como elementos de pruebas para otros análisis que ameritan pasar por laboratorio.

No miré nada de eso durante la cobertura en el inmueble calcinado. Cuando llegué al edificio, ya no había llamas, solo humo, y los bebes de 4 meses de nacido y de tres años de edad, ya habían sido trasladados a un hospital donde llegaron sin signos vitales.

Vecinos rodean la casa donde una familia entera se quemó viva en el barrio Carlos Marx.
FOTO: Wilih Narváez.

Tras subir al balcón, a través de una escalera de los bomberos, el primer choque visual: cuatro adultos calcinados. Era momento de empezar a tomar fotografías y lidiar con los zapatos mojados tras pisar agua caliente luego de ser controlado el siniestro. La galería de fotos contempla: unas crudas y otras publicables. Al día siguiente, algunas ocuparon la portada principal del diario LA PRENSA, y seguirán usándose para contar todo vínculo con esta noticia.

Luego que la población retiró los cuerpos del edificio, cerraron con láminas de zinc la propiedad. Es decir, en términos policiales y propiamente de investigación criminalística, la escena se “contaminó” ni se levantó evidencia.

Entonces, ¿cómo puede la Policía esclarecer sin un peritaje?

Pobre “esclarecimiento y manipulación”

Seis meses después del horrendo crimen en el barrio Carlos Marx, la Policía finalmente brindó detalles durante una conferencia de prensa del supuesto esclarecimiento del caso.

Policía: “se realizó inspección ocular de la escena del crimen, información en redes sociales e investigación de campo”. El vergonzoso trabajo policial estaba acompañado de diapositivas y tres fotografías que circularon en redes sociales. ¿Cuál fue ese trabajo de campo?

También dedicaron parte de su comparecencia para señalar al defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, de “manipular” a los sobrevivientes para que señalaran a los oficiales como responsables.

Sin embargo, cuando Carrión llegó a la escena, a levantar testimonios del caso, los periodistas ya teníamos el relato de los sobrevivientes con declaraciones contundentes que desnudaban a la institución.

También la conferencia, incluía el relato del sobreviviente que era trabajador de los Velásquez, esta vez, con una narrativa de interés policial: eximirlos de culpa y señalar a jóvenes que supuestamente tenían bloqueadas esas vías como método de protesta contra el régimen sandinista que ya había masacrado a unos opositores.

Más allá de condenar el cambio de versión de los sobrevivientes, se debe de seguir viendo con la misma óptica de la compasión, siguen siendo víctimas y vulnerables. Sus relatos frescos, sinceros y sin ningún temor de estar siendo manipulados, tenían un solo objetivo:  dejar en evidencia a los autores del brutal crimen. 

Apegados a la credibilidad

En todo caso, si por ese doloroso 16 de junio, fecha que se tuvo que suspender ese día la continuidad de diálogo nacional entre el gobierno y la oposición-, los sobrevivientes y población en general hubiese señalado como los autores del crimen a manifestantes desde la acera del periodismo, esos relatos permanecerían intactos.

La noticia debe ser abordada ajustada a la realidad y manteniendo la credibilidad. Sin inclinarse a ningún bando y con el fin de desnudar a los autores de cualquier delito.

En esa búsqueda por las calles del Carlos Marx, recuerdo aquella anciana de la tercera edad que aún conservaba su pijama cuando me relató: “miré las camionetas con encapuchados y policías, saqué mi cazuela y empecé a sonarla, fue cuando me apuntaron con un arma larga y me metía a la casa con temor que me dispararan”. Su cazuela ya era un “arma ofensiva” contra la institución, debido a que cuando estalló la rebelión de abril de 2018, los “cacerolazos”, estuvieron presentes como método de protestas en distintos puntos del territorio nicaragüense.

¿Quiénes fueron los responsables?

Durante un perímetro de más de 100 metros, todos los entrevistados señalaron como los responsables de provocar el incendio en casa de los Velásquez, a efectivos de la Policía Nacional quienes acuerpaban a civiles. De hecho, un video de un negocio del Carlos Marx, evidencia el despliegue los efectivos.

La versión de la sobreviviente Janeth Velásquez, fue que los oficiales se querían apoderar de la propiedad para ubicar francotiradores y tener control de la zona que está muy cercana a la Upoli, recinto que estaba tomado por universitarios. “Eran hombres vestidos de negro con metralletas y fusiles, y andaban francotiradores, eran de la Policía”, reveló entre lágrimas la joven.

Escucha nuestro episodio:

Sin embargo, la institución exhibió como supuestos autores del crimen a una joven y otro muchacho. También declaró prófugos a cuatro más. Aunque los detenidos inicialmente fueron condenados, posteriormente obtuvieron libertad mediante amnistía otorgada por el régimen sandinista.

Para los derechos humanos este horrendo crimen de seis miembros de una misma familia constituye un crimen de lesa humanidad. Uno de los tantos que quedan en la impunidad, de los más de 350 asesinados con la rebelión de abril de 2018.