Las secuelas de las dictaduras en Centroamérica

La impunidad de Efraín Rios Montt en Guatemala

José Efraín Ríos Montt llegó al poder a través de un golpe de Estado en Guatemala el 23 de marzo de 1983. Estuvo en el poder durante 17 meses, pero fue suficiente para perpetrar una masacre que dejó más de 10,000 personas asesinadas, de acuerdo a estimaciones de organismos defensores de derechos humanos que también indican, que dentro de los primeros ocho meses en que Ríos Montt estuvo en el poder, se registraron 10 masacres por mes.

Ríos Montt asaltó el poder en un contexto de conflicto armado en Guatemala y en el cual se registraron altos niveles de violencia contra opositores, sociedad civil, periodistas y comunidades indígenas. Este conflicto duró 36 años y el periodo de Ríos Montt fue el más violento.

De acuerdo a un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, Ríos Montt dio continuidad a una política represiva implementada por su antecesor Romeo Lucas García.

“Durante el período comprendido entre 1979 y 1985 la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla, sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya”, señala la CEH.

Las víctimas

La mayoría de las víctimas de la dictadura de Ríos Montt fueron comunidades indígenas. Más de 400 quedaron destruidas. Según la CEH, el 83% de las víctimas del conflicto armado eran indígenas. La estrategia de aniquilamiento contra los guerrilleros implementada por Ríos Montt constituyó un acto de genocidio contra la población indígena en cinco regiones guatemaltecas.

A como llegó, se fue. Ríos Montt fue depuesto por un Golpe de Estado el 7 de agosto de 1983 liderado por quien fuera su ministro de defensa, Oscar Mejía Víctores.

Durante décadas, Ríos Montt estuvo evadiendo la justicia hasta que el 19 de marzo de 2013 dio inicio a un juicio oral y público en su contra en el que se le condenó, el 10 de mayo del mismo año, a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad contra la población maya ixil.

El 20 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso por “fallos de procedimiento”, y dejó sin efecto la sentencia condenatoria contra Ríos Montt, que estuvo en una prisión militar y fue puesto en arresto domiciliar.

Este caso dejó al descubierto la profunda polarización que se vive en el país actualmente, pues en Guatemala se dieron cuenta que las heridas del conflicto armado no estaban cerradas y la condena contra Ríos Montt activaría a viejos y nuevos activistas, y radicalizaría a grupos de distintos sectores que también buscaban justicia, mientras otros trataban de evadirla.

La justicia

En enero de 2015 dio inicio a un nuevo juicio contra Ríos Montt, pero sus abogados, con artimañas legales, pudieron retrasarlo hasta marzo de 2016. Para entonces, Ríos Montt había sido diagnosticado con demencia senil y el juicio no pudo ser público. El acusado no estuvo presente y en caso de ser encontrado culpable, no cumpliría condena. Ese juicio finalmente sería suspendido.

En 2017, un tribunal determinó que Ríos Montt debía enfrentar juicio por la masacre de las Dos Erres en 1982, donde 200 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos fueron asesinadas. El juicio se retrasó y a inicios de abril de 2018, Ríos Montt falleció a causa de un infarto y los casos penales en su contra, fueron anulados.

Todas esas anulaciones de condenas y demoras para iniciar los juicios terminaron por demostrar el poder que tienen las élites militares en Guatemala sobre el Poder Judicial. “Es una burla al sistema de justicia, al pueblo ixil, al mundo, a la vez que un mensaje muy claro: en Guatemala hay sectores que no pueden ser tocados”, declaró el Arzobispado de Guatemala tras la anulación de la sentencia contra Ríos Montt.

Panamá y la narcodictadura de Manuel Noriega

Le llamaban “Cara de Piña” por los estragos que hizo el acné en su rostro, pero también era conocido como “El hombre fuerte de Panamá”. Manuel Antonio Noriega fue un dictador militar que convirtió a su país en un narcoestado, por sus vínculos con el Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

Noriega cobraba 100,000 dólares por carga a los narcotraficantes colombianos para que la cocaína pasara por Panamá sin problemas. Al que no pagaba, Noriega lo entregaba a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Bajo su mandato, Noriega también convirtió a Panamá en refugio de los narcos colombianos, y en un centro bancario y de lavado de dinero, lo cual sería una tendencia para las décadas siguientes.

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Manuel Noriega asumió el poder en 1983 tras la muerte del general Omar Torrijos en un misterioso accidente de avión. Noriega era un leal oficial de Torrijos, a quien apoyó cuando dio un golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias en 1968. Para entonces, Torrijos puso a Noriega al frente de los servicios de inteligencia y se cree que para entonces ya trabajaba con la CIA.

En 1983 asumió la comandancia de la Guardia Nacional y comenzó su gobierno de facto, el cual estuvo plagado de corrupción y violaciones a derechos humanos. A pesar de que Estados Unidos era su principal aliado, Noriega estableció vínculos con los narcotraficantes colombianos y prestó el territorio panameño para sus operaciones.

Ruptura de relaciones con Estados Unidos

En junio de 1987, el exjefe del Estado Mayor del Ejército de Panamá, Roberto Díaz, declaró a un periódico de ese país que Noriega tenía vínculos con el narcotráfico, además de haber planeado la muerte de Torrijos y de haber orquestado un fraude electoral en 1984 para asegurarse el poder.

Estas declaraciones provocaron protestas en Panamá, las cuales fueron reprimidas y Noriega decretó un Estado de Emergencia y suspendió garantías constitucionales. Por su parte, el senado de Estados Unidos demandó su salida del poder y un año después fue acusado por un tribunal estadounidense por sus vínculos con el Cartel de Medellín.

La relación entre Noriega y los norteamericanos se rompió. El dictador panameño adoptó un discurso anti-estadounidense que terminó provocando que militares panameños asesinaran a un infante de la marina estadounidense en la Ciudad de Panamá en diciembre de 1989.

Estados Unidos respondió el 20 de ese mismo mes invadiendo Panamá con 24,000 soldados con la misión de “proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses presentes en el país, defender la democracia y los derechos humanos, combatir el narcotráfico y asegurar la futura neutralidad del canal”.

El objetivo también era capturar a Noriega, quien inmediatamente buscó refugio en la sede de la representación diplomática del Vaticano, pero se entregó a las autoridades estadounidenses en enero de 1990.

“Les pido perdón”

Noriega fue llevado a una prisión en Estados Unidos, en la cual estuvo 17 años, condenado por tráfico de drogas, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. En 2010, fue extraditado a Francia, donde fue condenado a siete años de cárcel por narcotráfico, pero en diciembre de 2011, las autoridades francesas optaron por enviarlo de regreso a Panamá donde lo esperaba una condena de 60 años por asesinato y desapariciones durante su régimen.

A pesar de haber negado las acusaciones en su contra hasta el día de su muerte, apareció en 2015 en televisión, desde la cárcel, pidiendo disculpas. “Le pido perdón a toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones”, expresó.

En 2017, fue enviado a prisión domiciliaria antes de ser sometido a una operación cerebral. Falleció finalmente en mayo de ese año.

Tras la captura de Noriega, Panamá decidió abolir su Ejército en 1990, pero las autoridades quedaron sin capacidad para combatir a las mafias y el narcotráfico.

De acuerdo al sitio especializado en investigación del crimen organizado, Insight Crime, “las primeras pandillas de Panamá aparecieron a finales de la década de 1980, pero el final de la era Noriega, la desbandada del Ejército y los altos índices de pobreza en la década de 1990 abrieron el espacio para el crecimiento de estos grupos. La tendencia se mantuvo en los años 2000; entre 2005 y 2010, datos oficiales mostraron que se triplicó el número de pandillas que operaba en el país”.

Panamá como punto de trasbordo

Por otro lado, Estados Unidos catalogó a Panamá en 1999 como “un punto importante de trasbordo para las drogas ilícitas que se contrabandean desde Colombia”.

Desde 2010, las autoridades panameñas han intentado varias estrategias para abolir a las pandillas. Incluso, en 2014, el expresidente Juan Carlos Varela ofreció una amnistía para los pandilleros que accedieran a desarmarse. En los años venideros, Panamá decomisó altos volúmenes de drogas provenientes desde Colombia y en 2016 quedó en evidencia cómo ese país facilitaba el lavado de dinero internacional.

Ese año, estalló también el escándalo de los Panamá Papers, que demostró con documentos cómo algunas firmas de abogados ayudaban a establecer cuentas offshore y empresas de papel para miles de clientes a nivel mundial que involucraba a políticos, empresarios hasta narcotraficantes y personas ligadas al crimen organizado de todo el mundo

Desde los tiempos de Noriega, “la debilidad de las instituciones judiciales y de orden público han permitido que se perpetúe la corrupción en Panamá, lo que a su vez ha facilitado no solo el lavado de dinero, sino también el narcotráfico y otras actividades criminales”, señala Insight Crime.

Las reelecciones de Hernández y Bukele en El Salvador

El último mandatario que se reeligió en El Salvador fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Empezó siendo el vicepresidente de Arturo Araujo y en 1931 daría un Golpe de Estado junto a otros militares para instaurar una dictadura militar que terminaría en 1944 con su exilio en Honduras.

Hernández sofocó violentamente la rebelión campesina de Izalco, de la cual se estima que murieron unas 24,000 personas a causa de la represión. También persiguió a sus opositores, censuró a la prensa y favoreció a la oligarquía de entonces.

Su dictadura simpatizó con el fascismo de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler, pero tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la presión de Estados Unidos, terminó por cambiarse de bando.

Para entonces, en El Salvador había un estricto control a través de un extenso sistema de vigilancia. Después de 1938, su régimen se volvió más represivo y aprobó la pena de muerte como condena para algunos delitos como la rebelión.

Hernández salió del poder en 1944 tras una insurrección popular iniciada el 8 de mayo de ese año y que no pudo contener. Eso lo obligó a renunciar al poder y salir al exilio en Honduras hasta que murió en 1966.

Aunque Martínez salió del poder, los nuevos gobernantes en El Salvador siguieron su control militar y dieron continuidad a la alianza con la oligarquía, la cual mantuvo a la nación sometida durante décadas. Esto terminó por polarizar al país entre las clases altas y bajas.

Bukele y Hernández

Los críticos del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparan la búsqueda de su reelección con la del dictador Hernández, quien a pesar de que la Constitución se lo prohibía, pudo reelegirse empleando artimañas jurídicas en 1935, y finalmente se convirtió en candidato único hasta conseguir su reelección con el 100% de los votos.

89 años después, Bukele busca casi la misma fórmula. Su primer paso fue asegurarse el control de la Sala Constitucional destituyendo a los magistrados, bajo amenazas previas de ser encarcelados si se negaban a dejar el cargo. Lo mismo ocurrió con el fiscal general de El Salvador.

El Congreso, de mayoría bukelista, nombró a cinco nuevos magistrados que en cuestión de cuatro meses hicieron una interpretación del artículo 152 de la Constitución, el cual prohíbe la reelección, pero esos magistrados afines a Bukele, concluyeron que el actual presidente podía buscar un nuevo periodo presidencial en 2024 pues, a su criterio, lo establecido en la Carta Magna no se refiere “a prohibiciones para ser presidente” y que la postulación de Bukele para el siguiente periodo, “implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que en este momento ejerce la presidencia”.

Por otro lado, Bukele gobierna con mano dura, bajo el control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y con un régimen de excepción que mantiene a los salvadoreños sin garantías constitucionales y a miles en prisión por ser presuntos miembros de pandillas.

Somocistas y sandinistas en Nicaragua

El país más grande de Centroamérica acarrea dictaduras desde finales de los años treinta, con la llegada de Anastasio Somoza García al poder. Para entonces, era el jefe de la Guardia Nacional y dominaba con mano de hierro al país, además de la censura a la prensa y la persecución a sus adversarios políticos.

Somoza García asumió llegó al poder en 1936 tras un golpe de Estado que le dio a Juan Bautista Sacasa y solamente pudo dejarlo hasta septiembre de 1956, cuando un joven poeta llamado Rigoberto López Pérez le disparó. El dictador resistió por unos días y fue trasladado a un hospital en Panamá para tratar de salvarlo, pero finalmente murió.

Su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, asumió la presidencia y la Guardia Nacional desató una cacería contra opositores tras la muerte de su padre. Somoza Debayle gobernó hasta 1963 y al igual que su progenitor persiguió a sus detractores y perpetró masacres contra civiles y estudiantes. Mientras estuvo en el poder enfrentó rebeliones armadas y en 1963 terminó su periodo.

Ese mismo año, René Schick asumió la presidencia y durante su mandato fue considerado un “títere” de los hermanos Luis y Anastasio Somoza Debayle, este último convertido en jefe de la Guardia Nacional. En 1966, un infarto acabó con la vida de Schick y en febrero de 1967, asumió el poder Anastasio Somoza Debayle.

Somoza contra la guerrilla del FSLN

Para aquellos años, la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) venía operando en las montañas y escasamente en las ciudades. Su objetivo era derrocar a Somoza y establecer un gobierno de corte marxista, inspirado en el modelo cubano.

A Somoza Debayle le tocó lidiar con esta guerrilla, que en sus inicios fueron rápidamente controlados, pero en 1974 dieron un duro golpe militar al tomarse la casa de un connotado somocista y secuestrar a varios funcionarios y allegados a Somoza. Con esto, el Frente Sandinista pudo conseguir la liberación de varios guerrilleros detenidos, incluido Daniel Ortega, quien llegaría al poder más tarde.

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En 1978, Somoza Debayle recibiría un nuevo golpe por parte de la guerrilla. Esta vez, se metieron en el Congreso y secuestraron a los parlamentarios, incluido un primo de Somoza. Tras varias horas de negociación, los sandinistas consiguieron la liberación de varios guerrilleros detenidos y una suma de dinero para financiar su lucha armada.

Ese mismo año sería trágico para Somoza, pues Estados Unidos había dejado de apoyar a su gobierno por las violaciones a derechos humanos, y el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista tomó el poder. Somoza y sus allegados huyeron del país.

Primer régimen sandinista

Una vez que los sandinistas asumieron el mandato en Nicaragua, impusieron un nuevo régimen dictatorial. Primero liderado por una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, la cual duró hasta 1984, cuando Daniel Ortega fue escogido como presidente hasta 1990.

Durante la década de los ochenta, los sandinistas gobernaron con mano de hierro, persiguiendo a opositores, censurando a la prensa y aniquilando todo lo que quedó del somocismo. Estados Unidos, ya con el gobierno de Ronald Reagan, financió y armó a la Contrarrevolución, una nueva guerrilla dispuesta a no dejar gobernar a los sandinistas, quienes instauraron el Servicio Militar Obligatorio en el país para poder responder a la guerra.

En 1990, los sandinistas permitieron un proceso electoral el cual llevó a Violeta Barrios a convertirse en la primera mujer presidenta de América Latina. La llegada de Barrios al poder acabó con la guerra y el Servicio Militar, y a su vez, abrió una brecha democrática de 16 años en el país. Este es considerado un periodo de oro en cuanto al respeto a las libertades públicas, pero empañado por los altos niveles de corrupción y pobreza extrema.

Segundo mandato de Ortega

Daniel Ortega regresaría al poder en 2007, después de resultar ganador en los comicios de 2006. Desde entonces, sus primeras prácticas alertaron a las organizaciones de sociedad civil, como su política de cero información para los medios de comunicación independientes, además de los ataques personalizados contra defensores de derechos humanos y activistas.

En 2012, Ortega dio un zarpazo a la democracia tras buscar su reelección presidencial, pese a que la Constitución se lo prohibía y encima de eso, en los comicios de 2016, impuso a su esposa, Rosario Murillo como fórmula presidencial.

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La pareja enfrentó en 2018 la rebelión más importante que ha habido en Nicaragua en su historia reciente, la cual fue respondida con represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un grupo de expertos de Naciones Unidas, Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad.

Por ahora, Ortega manda en Nicaragua con puño de hierro. No permite ningún tipo de disidencia, controla los poderes del Estado y las fuerzas armadas, mantiene más de cien presos políticos en las cárceles, persigue a la Iglesia Católica, confisca propiedades privadas y ha despojado de su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses, sin dejar de mencionar que más de 350 personas fueron asesinadas durante las protestas.

En 2021, Ortega junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, aseguraron un nuevo mandato hasta 2026 a través de unas elecciones señaladas de fraudulentas. Sus críticos consideran que Ortega está repitiendo practicas del somocismo y dando continuidad al primer periodo sandinista de los ochenta. El mismo Ortega dijo cuando regresó al poder que empezaba “la segunda etapa de la Revolución”.