¿Fracasaron los acuerdos de paz centroamericanos?

Ya no rugió la voz de los cañones en Centroamérica, o al menos esa fue la idea de los acuerdos de paz que se concretaron entre 1986 y 1996, cuando Guatemala, Nicaragua y El Salvador, guiados por una consternada coalición de instituciones y naciones extranjeras tanto como por el desgaste de sus cruentos conflictos, uno a uno dieron fin a sus luchas intestinas.

En la década del ochenta había erupcionado en Centroamérica una batalla geopolítica entre los bloques de la Guerra Fría. Dictaduras de corte militar se batían contra guerrillas y la población, al igual que el territorio, era en sí misma un campo de batalla, con las atrocidades y abusos que eso conlleva.

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En El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) enfrentaba a un gobierno militarizado; en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había triunfado sobre una dictadura dinástica que por más de cuatro décadas sometió al país, pero entonces debieron enfrentarse a un movimiento reaccionario de frente amplio que evolucionó en guerrilla; Guatemala, por su parte, llevaba enfrascada en una guerra civil de más de veinte años entre varios grupos insurgentes y una sucesión de gobiernos militares.

Era una situación insostenible que salpicaba al resto de naciones. La lucha creaba espacios idóneos y aliados para el narcotráfico que empezaba a abrirse paso en la región, a la vez que países como Honduras, Costa Rica y México veían sus fronteras a menudo violentadas por el conflicto.

“Cuando redactamos el Plan de Paz”, recuerda el expresidente costarricense, Óscar Arias Sánchez (1986-1990, 2006-2010), “el motivo principal era que la democracia es un requisito fundamental para una paz duradera”.

Así lo había dejado Arias plasmado, junto al resto de presidentes centroamericanos, en los acuerdos de Esquipulas (1986-1987). En ambas iteraciones de aquellas charlas de paz quedaron claros los compromisos que todas las naciones involucradas, independientemente de su credo ideológico, se comprometían a hacer realidad.

Con el acuerdo de Esquipulas II, convenido el 7 de agosto de 1987, los países se comprometían a “impulsar un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto de los Derechos Humanos… medidas conducentes al establecimiento y, en sucaso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, representativos y pluralistas…”; más de treinta años después, ¿cómo estamos?

El consenso democrático

Al finalizar aquellas guerras, las élites ascendentes en cada país centroamericano llegaron al consenso de que el problema fundamental había sido el asesinato deliberado de la democracia al servicio de ciertos credos que pujaban por el dominio del mundo en la Guerra Fría, como lo evidencia el fraseo de los acuerdos.

Fue por este consenso que Esquipulas II insistió tanto énfasis en la libertad de prensa, en la libertad de organización (partidos) y en la democratización. La idea parecía ser que, inundando el espacio cívico de una variedad de puntos de vista y permitiendo la organización de partidos siguiendo estas líneas que irían surgiendo, no habría una sola facción ideológica que monopolizase todo el poder.

Pero este modelo de democratización dependía en un buen rendimiento de los gobiernos democráticos que sucedieran a los gobiernos militarizados y a las dictaduras. En su lugar, salvo por el fin de las guerras, la situación no mejoró.

Una miseria creciente, la destrucción del tejido social, el acaparamiento de la riqueza en pocas manos agudizando el ya serio problema de la desigualdad y eliminando muchas conquistas de derechos para la clase trabajadora se manifiestan como los principales fracasos de los Acuerdos de Paz.

Fue en un ambiente como este que Daniel Ortega pudo emerger de entre la ruina del Frente Sandinista. Fue en el caos de la delincuencia salvadoreña de las maras que Nayib Bukele encontró el perfecto motivo para posar como “hombre fuerte”. Es con el poderío que adquirieron las élites guatemaltecas que la promesa de un cambio con Fernando Arévalo está siendo saboteada.

Nicaragua: el peor ejemplo

Sin dudas Nicaragua es el peor fracaso de los acuerdos y a la vez sirve de advertencia. “Se acabó la democracia en Nicaragua”, opina el expresidente Arias. A Ortega “ya no le importa que lo llamen dictador, tirano, porque al deshacerse de sus adversarios enviándolos a la cárcel la señal que le ha dado al mundo es que él piensa estar en el gobierno” de manera indefinida.

Nicaragua pasó de un prometedor caso de esperanza, con la elección en 1990 de Violeta Barrios de Chamorro a la presidencia, a una terrible historia de violencia y corrupción. Los mismos hombres que en cierto momento enterraron armas bajo concreto en Managua luego se verían forzados a rearmarse para defender sus intereses —sus vidas, incluso— ante un gobierno que desoía sus súplicas mientras eran cazados por sus adversarios políticos.

La historia de los “recontras” y “recompas” de Nicaragua, exmilitares de uno y otro bando que mutuamente se brutalizaban al margen de las intrigas y acuerdos de la democracia noventera, no es única en la región en cuanto a violencia se refiere. Un fuerte desbordamiento de violencia social y crimen en la región provino de la incapacidad de integrar a los elementos desmovilizados, algunos de los cuales llevaban décadas luchando cuando se firmó la paz, sin haber conocido otra cosa que la guerra.

La delincuencia como otra guerra

Cuando cientos de miles de centroamericanos se vieron orillados a migrar por estas terribles condiciones, en Estados Unidos encontraron estructuras delictivas que suplieron no sólo sus necesidades económicas, sino también su afán de pertenencia. Al ser deportados estos, surgieron las maras y otras pandillas, las cuales agravaron el ciclo de la brutalidad en toda la región.

“Centroamérica constituyó un terreno fértil para la gestación, propagación y agudización del fenómeno de las maras”, escriben Mónica Toussaint y Marisol Garzón en su evaluación de los procesos de paz desde una perspectiva mexicana, a la vez que identifican a las maras como una extensión “de la violencia del pasado reciente, del legado autoritario y represivo de los regímenes dictatoriales, de la continuidad de la violencia armada por parte de diversos actores”, cosa que “el vacío institucional, así como la exacerbación de la cultura de la violencia y el deterioro del tejido social de la posguerra” empeoraron.

Para muchos centroamericanos, la presencia y violencia de las pandillas ha significado la inmersión en una nueva guerra y en nuevos escenarios de terror comparables a los peores episodios de las guerras civiles, apuntan las investigadoras.

¿Nuevas dictaduras?

Visto así, la aparición de hombres fuertes para resolver esta problemática, sea a la sazón revolucionaria y paradójicamente tradicional de Daniel Ortega, o a las interpretaciones “modernas” como Nayib Bukele o incluso Rodrigo Chaves en Costa Rica, no supondrían la ruptura con los paradigmas de la política tradicional de la región que los arquitectos de los Acuerdos quisieron, sino más bien una sofisticación de la ya vieja mecánica de centralización del poder.

Aún tomando la creencia tradicional de que la aparición de estos agentes es necesaria para dar fin a las crisis que los crearon, su aparición irrumpe en el consenso democrático fundacionales a sus sistemas políticos. Un Bukele, un Chaves o un Ortega deberían ser imposibles de concebir luego de los acuerdos, optando los países a soluciones democráticas, y aún así surgen.

Los Acuerdos nunca fueron la panacea, nunca pretendieron acabar con todas las fallas de las sociedades que se acercaron a suscribirlos, pero sí propusieron un modelo político concreto —la democracia liberal— como la clave para iniciar el camino ya recorrido por las naciones más exitosas. Este modelo requiere de una cohesión entre élites, de una serie de principios fundamentales que no se imparten fácilmente.

Hubiese requerido una mayor intervención mutua, un compromiso de mayor unidad, un seguimiento de parte de una comunidad internacional más involucrada, para que los Acuerdos significasen más que un cese al fuego a la larga y pudiesen cumplir su objetivo declarado de democratizar la región.

El nuevo paradigma

Irónicamente, los regímenes creados por los Acuerdos lograron trasladar el conflicto de la realidad local a la realidad regional, donde con sigilo van constituyendo una red de apoyo mutuo antagonizando a los Estados Unidos, que en su discurso asocian con el imperialismo y al imperialismo con la democracia.

Es por eso que ahora vemos a las figuras más emblemáticas de lo que podría llamarse el “nuevo paradigma autoritario” de Centroamérica exhibiendo una complicidad subyacente a todas sus acciones. Ni Bukele, ni Ortega, ni el ya expresidente Giammattei se han atacado de manera significativa entre sí a como, por ejemplo, distintas administraciones costarricenses hicieron contra la Nicaragua somocista.

A diferencia de sus antecesores durante las guerras civiles y a pesar de sus supuestamente incompatibles postulados ideológicos, estos mandatarios no enfrentan ya laberínticas coaliciones militares, sino un mismo mundo: el mundo de la democracia liberal que, para las grandes mayorías, no es más que un sinónimo de pobreza y corrupción, de pacto y demagogia, al servicio de la “paz”.