La revolución sandinista terminó traicionada

La multitud reunida en la Plaza de la República estaba eufórica. Nicaragua había cambiado para siempre. Todos levantaban los brazos y ondeaban las banderas rojinegras convencidos por la promesa de un futuro mejor. Era julio de 1979 cuando triunfó la Revolución Sandinista.

La dinastía de la familia Somoza, que había gobernado Nicaragua con puño de hierro por más de cuarenta años hasta el derrocamiento de Anastasio Somoza Deayle, finalmente sucumbió ante el peso conjunto de una ofensiva guerrillera, huelgas generales y la presión internacional. Justicia para las víctimas de la dictadura, un sistema económico más justo; una democracia transparente, representativa, cimentada en las libertades civiles y el pluralismo; todo eso prometía la nueva era revolucionaria. Pero el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la organización guerrillera que ocupó el país tras la retirada masiva de la Guardia somocista, dio un giro inesperado. Los primeros meses tras el triunfo del 19 de julio, miles de partidarios somocistas y empleados de gobierno fueron perseguidos al consolidarse un nuevo gobierno.

Muchos fueron sometidos a los llamados “juicios populares”, juicios exprés que normalmente culminaban con una condena de cárcel para los acusados. Las propiedades de la familia Somoza fueron las primeras en ser confiscadas por el gobierno revolucionario, pero no se detuvieron ahí. Miles resultaron desposeídos de sus casas, negocios y bienes que pasaron a manos del gobierno revolucionario.

La prensa fue censurada y miles de nicaragüenses salieron del país huyendo de la guerra. El nuevo gobierno fue encabezado por una Junta de Reconstrucción compuesta por tres comandantes sandinistas y dos políticos civiles. Los civiles se apartaron poco después, al ser incapaces de ejercer influencia.