Ortega se ensaña contra sacerdotes jubilados
La persecución contra la Iglesia católica continúa en Nicaragua. Desde 2018, el régimen sandinista ha perseguido a sacerdotes, prohibido celebraciones religiosas y desde mayo de 2023 ha adoptado una nueva estrategia: la presión económica.
La más reciente edición del informe sobre persecución religiosa Nicaragua: una iglesia perseguida, elaborado por la investigadora Martha Patricia Molina, documenta instancias de asedio económico en contra de sacerdotes.
En mayo de 2023, las cuentas bancarias de la Iglesia católica fueron intervenidas por el régimen sandinista, que acusó a la institución de lavado de dinero.
No se ha informado de ningún progreso en esta supuesta investigación, pero más del 90% de las cuentas bancarias ligadas a la Iglesia católica siguen congeladas, según la investigadora nicaragüense.
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El nuevo informe revela que todas las donaciones que recibe la Iglesia católica son monitoreadas e investigadas por la Policía Nacional. La Policía indaga sobre el donante, generando temor y desincentivando a otros potenciales donadores.
Las consecuencias para el clero han sido severas.
El fondo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) dedicaba para la manutención de sacerdotes mayores de 65 años no ha podido ser distribuido, afectando la calidad de vida de varios religiosos que no tienen prácticamente ningún otro sustento.
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19 propiedades de la Iglesia católica o de organizaciones afiliadas fueron confiscadas, a pesar que la Constitución Política de Nicaragua lo prohíbe.
Estas propiedades fueron luego convertidas en instalaciones de instituciones públicas o bien fueron vendidas ilegalmente a particulares.
Asimismo, unos 19 medios de comunicación ligados a la Iglesia católica también fueron clausurados.
