Guatemala, el golpe que no puede ser

La política guatemalteca se ha visto sacudida recientemente por la victoria del activista anticorrupción Bernardo Arévalo de León, que ha traído un nuevo espíritu de esperanza a un país asolado por altos niveles de pobreza, corrupción y violencia criminal. Sin embargo, el resultado de las elecciones está siendo impugnado por una clase política y económica reacia a ceder el poder, la cual pero está enfrentando una ciudadanía que no está dispuesta a soportar los intentos de obstaculizar la instalación en el poder de Arévalo, así como una comunidad internacional atenta y preocupada por los acontecimientos y aparentemente lista para imponer costos políticos y tal vez económicos a aquellas autoridades que desafíen los resultados electorales e impidan una transición ordenada.

Este proceso electoral está marcado por los torpes intentos del establecimiento político y económico del país para mantener el status quo. El resultado de las elecciones guatemaltecas se explica en gran medida por la canalización del creciente malcontento popular hacia la clase política hacia Bernardo Arévalo, tras la exclusión de tres candidatos percibidos como antisistema que eran percibidos como una amenaza electoral. La victoria de Arévalo fue tan inesperada que la estrategia para confrontarla ha sido y sigue siendo bastante improvisada, con dos líneas de acusaciones diferentes y para las cuales aún no se han presentado pruebas: por un lado, la desacreditación del proceso electoral por un presunto fraude y, por el otro, la suspensión del partido Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en su creación. La primera contradice abiertamente los hallazgos de cualquier misión de observación electoral nacional e internacional, que no ha reportado hasta el más mínimo indicio de ello, y ha venido evolucionando: primero hubo supuestamente inconsistencias en las actas electorales, y el recuento terminó asignando hasta algunos votos adicionales a Semilla, mientras luego las acusaciones se han volcado en contra del sistema electrónico de transmisión de votos. La segunda, por su parte, ocurre en flagrante violación de las leyes del país, que prohíben la suspensión de partidos durante los procesos electorales.

Ese camino errático y lleno de acusaciones espurias no ha evidentemente convencido a los guatemaltecos, si no más bien ha aumentado su desafección con el poder constituido y las instituciones judiciales del país. Las decenas de miles de ciudadanos que han paralizado el país por semanas en respuesta al secuestro de las cajas electorales por parte del Ministerio Público, han dado un ensayo de la turbulencia social que podría causar el cumplimiento de los planes de algunas élites para evitar que Arévalo asuma la presidencia. A pesar de los intentos de infiltrar las manifestaciones y acusar a los manifestantes de recibir fondos extranjeros, ha quedado claro que las multitudes que han protestado pacíficamente por semanas, renunciando a sus ingresos ya bajos, lo han hecho de manera espontánea y, además, sin un liderazgo definido, lo que seguramente resulta preocupante para un gobierno al que le gustaría poder identificar un chivo expiatorio.

Por otro lado, estos intentos han suscitado la preocupación de la región y varios socios internacionales de Guatemala. La Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo regional que se ha mostrado incapaz de resolver las crisis políticas en el hemisferio, e incluso a veces las ha exacerbado, ha vuelto a la palestra como foro político en el que coordinar una respuesta regional y se ha convertido en un actor activo, mediante su Secretario General Luis Almagro, en el acompañamiento del proceso de transición. Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, han dejado claro con mensajes del más alto nivel que no tolerarán ningún intento de socavar la voluntad popular y revertir los resultados electorales.

A diferencia de los ciudadanos guatemaltecos, pero, los socios internacionales de Guatemala no han traducido sus declaraciones en amenazas concretas, ni queda claro cuánto firme sea su voluntad política de pasar de la palabra a los hechos. Después de todo, Guatemala sigue siendo un país crucial de origen y tránsito de migrantes hacia Estados Unidos, y el tema migratorio se ha vuelto una debilidad para Washington, dándole una palanca a los gobiernos centroamericanos en su relación con el socio del norte.

El camino hacia la instalación de Arévalo como presidente de Guatemala el próximo 14 de enero es cuesta arriba, pero si tanto la ciudadanía como las instancias diplomáticas regionales y los principales socios políticos y comerciales del país se mantienen activos durante los casi tres meses que quedan, incluso en la época navideña, enviando constantes recordatorios a los sectores políticos, judiciales y económicos sobre las consecuencias que tendría la interrupción de la transición, ésta muy probablemente llegará a concretarse.

Desafortunadamente, los problemas no terminarán ahí para Arévalo. Su gestión va probablemente a ser marcada por constantes roces con una fiscal general, Consuelo Porras, que él difícilmente podrá remover de su cargo antes que termine su mandato en 2026. Adicionalmente, aun y cuando su partido, Semilla, no sea suspendido y pueda por ende contribuir a diseñar la agenda legislativa, seguirá quedando en una minoría escueta en el Congreso, donde ha ganado solamente 23 de los 160 escaños disponibles, lo que dificultará enormemente su margen de maniobra para cumplir con las promesas electorales de cambio hechas por Arévalo en campaña. Asegurar la instalación en la presidencia de Arévalo es una tarea urgente, pero Guatemala requerirá de un acompañamiento constante durante los próximos 4 años para empezar a revertir el ciclo de corrupción e impunidad que se ha sellado en los últimos años, desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 2019.