La Justicia y los principales delitos imputados a Donald Trump – Opinión

Antes de iniciar me hice estas preguntas: ¿Es fácil o posible manipular a todo el aparato judicial en Estados Unidos de América? ¿Es fácil o posible fabricar delitos (hechos), y pruebas para sacarlo de la contienda electoral? De ser así, ¿por qué han tardado? ¿Por qué la narrativa de que dichos delitos son fabricados sólo se ventila en los medios y no dentro de los procesos? ¿ Trump se ha favorecido de los jueces que él nombró y ahora lo procesan?

Si no te animas a leer todo, al menos lee al acápite titulado “Razones que desmienten la narrativa y la conclusión”

He decidido escribir este artículo, porque a diario escucho a personas que se autodenominan democráticos y a la vez hacen maromas por justificar los crímenes imputados al candidato presidencial Donald Trump, pese a sus experiencias de venir huyendo de países gobernados por dictadores que delinquen a favor de sus intereses y que ponen en riesgo la vida social y democracia de una nación. Mi idea es hacer una reflexión sobre los delitos imputados, para que vean que no es tan fácil fabricar hechos, pruebas y manipular a todo un sistema judicial burocrático que tiene filtros, pesos y contra pesos procesales.

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En la medida que iba investigando, y analizando la información encontrada, iba quedando sorprendido de como la arrogancia, prepotencia y altivez pueden convertirte reiteradamente en un delincuente en potencia. Más allá de que si te encuentran culpable o no, las acciones reprochables te comprometen. Es decir, desde mi experiencia, una conducta delictiva no siempre culmina con una condena legal, porque en el proceso no sólo intervienen pruebas en tu contra, sino también formalismos que impiden el ejercicio efectivo de la justicia. No obstante, el señalamiento se hizo y desde ahí es política y éticamente repudiable, lo que a mi parecer debería de encender las alertas de los electores y partido que lo respalda.

Aquí tienes los principales delitos imputados a Donald Trump:

1. Fraude Financiero en Nueva York

En este delito, se alega que infló el valor de sus propiedades al solicitar préstamos para asegurar mejores términos de financiamiento y luego redujo esos valores para minimizar sus obligaciones fiscales. Este esquema fue utilizado para obtener beneficios de instituciones financieras y de autoridades fiscales, afectando tanto la recaudación de impuestos como la confianza en el sistema financiero.

Dado a la naturaleza del delito imputado, es casi imposible que un investigador o acusador pueda inventar registros financieros ajenos, y documentos contables que no están inicialmente en su poder, ya que bastaría con que el mismo imputado presente la documentación “correcta” en el proceso o ante la opinión pública para desmoronar esa versión y realizar acciones legales en contra de quién te acusa, cosa que no ha sido así. Razón por la cual Trump fue condenado a pagar $355 millones. Decisión que fue apelada, y que se encuentra suspendida de resolver.

2. Difamación y Agresión Sexual (E. Jean Carroll)

En este caso Donald Trump fue acusado de difamación y agresión sexual por E. Jean Carroll, una escritora que lo acusó públicamente en 2019 de haberla agredido sexualmente en un vestidor de una tienda por departamentos en la década de 1990. Carroll presentó una demanda civil por difamación después de que Trump negara sus acusaciones, calificándolas de falsas y diciendo que ella no era “su tipo”.

En noviembre de 2022, E. Jean Carroll también presentó una demanda por agresión sexual, amparándose en la Ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, que permite a las víctimas de agresión sexual presentar demandas civiles incluso si los hechos ocurrieron hace años. El 9 de mayo de 2023, un jurado de Nueva York encontró a Trump responsable de agresión sexual y difamación, ordenándole pagar una indemnización de $5 millones a Carroll. El jurado determinó que Trump no era culpable de violación, pero sí de haber agredido y difamado a Carroll con sus declaraciones posteriores.

Dado a la naturaleza de este delito, y la experiencia que obtuve como secretario de Despacho de un Juzgado Especializado en Violencia contra la mujer, puedo asegurar que este tipo de crimen es más fácil de fabricar por parte de la víctima, que su testimonio es la prueba por excelencia (soportada por psicólogos), pero cuando se da en el ámbito privado, por ser un delito de alcoba en el que usualmente no hay testigos y los agresores aprovechan las condiciones de soledad y aislamiento del ambiente que se presta para ello. No obstante, la víctima pudo haber inventado un espacio que le favoreciera más a su credibilidad. No obstante, haber dicho que los hechos sucedieron en un ámbito público con mayor acceso a otras personas (vestidores de una tienda), crea condiciones más favorables a la verdad,  ya  que intervienen otras personas que a fuerza serán citadas. Las mismas declaraciones públicas de Trump fueron los elementos de prueba para demostrar la difamación. Además, dichas acusaciones se hicieron mucho tiempo antes de que Trump anunciara su segunda candidatura a la presidencia.

Tal como sucedió, Trump sólo fue condenado de los hechos públicos que están al alcance de todos, sancionándolo a pagar $5 millones en 2023 y $83.3 millones en 2024. Este caso está en apelación, a esperas de una decisión de segunda instancia.

3. Pago por Silencio (Stormy Daniels)

En este caso, el delito en sí no es comprar el silencio de la actriz de cine para adulto, sino la “Falsificación de Registros Comerciales con el que se pagó el silencio. El ex abogado de Trump confesó bajo promesa de ley que él organizó el pago por silencio de $130,000 para que la actriz mantuviera en secreto un supuesto encuentro sexual que tuvo en 2006, y luego fue reembolsado por la Organización Trump que malversó los fondos donados por los contribuyentes para la campaña del candidato que decía defender los valores tradicionales de la familia conservadora.

Es inverosímil pensar que este caso puede ser fabricado, ya que pruebas como Registros de pagos, comunicaciones con abogados y documentación contable tienen como fuente de origen los mismos archivos del acusado, su equipo y declaraciones documentada que él mismo hizo a las autoridades administrativas, mismas que se hicieron bajo el mandato del mismo equipo de Trump y que se registró falsamente como “honorarios legales” el dinero pagado, lo cual, según la fiscalía, fue una forma de encubrir la verdadera naturaleza del pago y violar las leyes de financiación de campañas, ya que se considera que fue hecho con el fin de influir en la percepción de la gente y por consiguiente en el resultado electoral.

En 2018, Michael Cohen se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo violaciones a la financiación de campañas electorales, y afirmó que había hecho el pago bajo la dirección de Trump. La investigación sobre estos pagos llevó a que, en marzo de 2023, un jurado de Nueva York votara a favor de acusar formalmente a Donald Trump, convirtiéndolo en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Sin embargo, pese a los señalamientos público y sin fundamentos de que se ha instrumentalizado al sistema de Justicia, Trump fue Condenado y la lectura de la sentencia ha sido suspendida a su favor, para no interferir en la percepción pública del candidato y evitar falsos señalamientos de parcialidad y persecución política.

4. Retención de Documentos Clasificados (Mar-a-Lago)

Es un hecho público y notorio, que el expresidente Trump retuvo documentos clasificados que ponían en riesgo la seguridad nacional después de dejar la Casa Blanca, ocultándolos y negándose a devolverlos a pesar de las solicitudes del gobierno que están debidamente documentadas.

Es inverosímil pensar que alguien ajeno a su círculo pudo ponerle todas esas cajas de archivos sensibles y confidenciales en su propia casa de habitación que todos vimos, y no hay forma de decir que no le habían notificado las solicitudes de devolución de los archivos, porque tales notificaciones se hacen de manera formal.

Las pruebas que lo incriminan son documentos clasificados, comunicaciones sobre la negativa a entregarlos, testimonios de empleados, actas de allanamiento, evidencias audio visuales que registran el hallazgo en la escena del crimen. Mismas de las que todos fuimos testigos y que por ser tan mediático no hay forma de manipular. Caso contrario ya tendríamos un escándalo público instado por él mismo.

Por otro lado, la jueza asignada inicialmente al caso de retención de documentos clasificados en la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump fue Aileen Cannon, quién fue nombrada por Donald Trump durante su presidencia.

Sin embargo, pese a lo anterior, el caso fue desestimado por un juez y el sistema de justicia que acusaban de instrumentalizar, al final lo terminó favoreciendo, aunque aún no es un caso cerrado y firme, ya que se encuentra en proceso de apelación pendiente de resolver y sin interferir en la campaña ni elecciones del 2024.

5. Intento de Manipular Resultados Electorales en Georgia

En este caso, el expresidente intentó manipular los resultados electorales en Georgia tras las elecciones presidenciales de 2020. Después de perder las elecciones, Trump y su equipo intentaron revertir los resultados en varios estados clave, incluidos Georgia, donde Joe Biden ganó. Uno de los eventos más conocidos relacionados con este caso fue la llamada telefónica de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021.

Es ilógico pensar, que se le está inventando un delito, ya que fue el mismo Trump a través de llamada telefónica instó a Raffensperger a “encontrar” los votos necesarios para cambiar el resultado de la elección a su favor, lo cual generó acusaciones de que estaba presionando para manipular los resultados electorales y esto es un delito.

Hasta octubre de 2024, el caso aún no se ha resuelto en gran parte debido a la complejidad del proceso legal, el tiempo necesario para reunir toda la evidencia, procesarla y los procedimientos judiciales que involucran a múltiples actores y aspectos legales. Además, como el expresidente Trump es una figura de alto perfil, las autoridades han tomado medidas cautelosas para garantizar que el proceso sea justo y exhaustivo, lo cual contribuye al retraso en llegar a una resolución definitiva. De haber una manipulación orquestada en contra del expresidente por parte de todo el aparato de justicia, ya habría un proceso en curso. No obstante, el juicio está pendiente y se ventilará hasta después de la contienda electoral del 2024.

6. Subversión Electoral (Departamento de Justicia)

Este es un hecho público del conocimiento de todos, en el que el Departamento de Justicia investiga al expresidente por los intentos de subvertir (perturbar) los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, se centra en las acciones del expresidente y sus aliados antes y durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El caso examina si Donald Trump y su círculo cercano conspiraron para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 y evitar la certificación de los votos del Colegio Electoral. Las investigaciones abarcan una serie de eventos, entre ellos, los esfuerzos para presionar a funcionarios estatales y federales, como el vicepresidente Mike Pence, para que rechazaran los votos electorales, el impulso para presentar electores falsos en estados disputados, y la movilización de sus seguidores, que culminó con el ataque violento al Capitolio. La investigación busca determinar si Trump actuó ilegalmente al incitar y facilitar estos eventos y si violó leyes como la Ley de Insurrección y otras normativas relacionadas con la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso.

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Es remoto creer que este caso es un invento fabricado en su contra, porque resulta de hechos públicos que dejaron como resultados fatales a 5 personas muertas y 140 heridos. Además, quedó bien documentado a través de archivos audio visuales, mensajes en redes sociales, declaraciones públicas y privadas, registros de comunicaciones (como la llamada al vicepresidente Pence), análisis de discurso, y el intento de introducir listas de falsos electores que apoyaban a Trump en los estados en disputa. Es decir, a parte de los hechos de violencia, lo que en este caso se investiga de forma puntual es el “intento por subvertir el proceso de certificación en el Congreso”. Hecho que no es un invento, sino realidad objetiva conocido por todos en tiempo real (televisada) y que de haberse fabricado pruebas, el proceso ya estaría marcha con una sentencia de mérito que hubiese interferido en los comisiones electorales del 2024. Sin embargo, por la robustes de la prueba, aún se está analizando elementos probatorios, que favorezcan y desfavorezcan al expresidente, ya que de excluirse medios de pruebas a su favor podría deparar en la anulación del juicio.

Actualmente el caso se encuentra en una fase avanzada de investigación. En agosto de 2023, un gran jurado federal en Washington D.C. presentó una acusación formal contra Trump por cuatro cargos principales, que incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, y conspiración contra los derechos de los votantes. Los procedimientos legales continúan con audiencias preliminares y mociones de los abogados de Trump para desestimar algunos de los cargos.

El proceso se sigue desarrollando, y tanto la defensa de Trump como los fiscales están presentando pruebas y testigos para fortalecer sus respectivos casos de cara al juicio, lo que hace de este uno de los juicios políticos más importantes en la historia reciente de Estados Unidos.

7. Violación de las Cláusulas de Emolumentos

La acusación de violación de las Cláusulas de Emolumentos por parte de Donald Trump se basa en las preocupaciones sobre los beneficios financieros que supuestamente obtuvo a través de sus negocios mientras era presidente. La Cláusula de Emolumentos Extranjeros prohíbe a los funcionarios aceptar beneficios de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso, y se argumenta que los hoteles y propiedades de Trump recibieron ingresos de delegaciones extranjeras que buscaban influir en sus decisiones políticas. La Cláusula de Emolumentos Domésticos, por otro lado, impide que el presidente reciba ganancias adicionales del gobierno federal o estatal. Se alegó que su administración promovió eventos en sus propiedades, generando ingresos indebidos.

Durante su mandato, varias demandas fueron presentadas por grupos y estados como Maryland y Washington D.C., acusando a Trump de violar estas cláusulas debido a su falta de desvinculación adecuada de sus negocios. Aunque algunos tribunales permitieron que los casos avanzaran, la mayoría finalmente fueron desestimados después de que dejó la presidencia, argumentando que ya no era relevante al no estar en el cargo. Pese a que el beneficiado económico era Trump, él negó haber violado las cláusulas, afirmando que no estaba involucrado en la administración de sus empresas y que los ingresos recibidos eran legales. Aunque no hubo condenas, las acusaciones destacaron la importancia de fortalecer la normativa sobre conflictos de interés para futuros presidentes.

Es ilógico creer, que un investigador o fiscal puede fabricar registros contables de ingresos, auditorías, estados financieros y documentación de visitas de delegaciones que fácilmente pueden ser contrastados por las originales en poder del expresidente y su equipo administrador. Como en todos los delitos comerciales y financieros, siempre hay registros en los que lo números deben de cuadrar al pie de la letra y la fuente primaria de estos documentos siempre están en manos de la parte acusada. Es decir, es absurdo creer que se puede acusar a alguien de un hecho en el que esa persona tiene documentos que demuestran categóricamente todo lo contrario.

8. Obstrucción de Justicia (6 de Enero)

A diferencia de la “Subversión Electoral” del que les hablé en el numeral seis, este caso se refiero al hecho de violencia del 06 de enero del 2021 en sí, y la responsabilidad penal de Donald Trump por incitación al asalto del Capitolio.

Lo que acá se valorará y determinará a través de las pruebas, es que si Trump a través de sus discursos públicos y mensajes en redes sociales instaban a sus seguidores a “luchar con todas sus fuerzas” y no “aceptar la derrota”. Estos mensajes fueron interpretados como un llamado a la acción directa, lo cual terminó desencadenando la violencia y muerte de 5 personas y 140 heridos.

Para determinar su responsabilidad penal, los fiscales deben demostrar que Trump intencionalmente incitó a la multitud a cometer actos ilegales y violentos.

Los elementos clave incluyen:

Discursos Públicos: En el mitin previo al asalto, Trump usó frases como “si no luchan con todas sus fuerzas, no tendrán un país” y “marchen hacia el Capitolio”. Estos mensajes fueron interpretados como un llamado a desafiar la certificación del Congreso.

Pruebas de Mensajes y Comunicaciones: Los fiscales han presentado mensajes en redes sociales, incluyendo los tuits de Trump, en los que alentaba a sus seguidores a movilizarse. Algunos de estos mensajes fueron publicados durante el asalto, cuando él les pedía “respetar a la policía” mientras se refería a ellos como “personas especiales”.

Falta de Acción para Detener la Violencia: Se alega que Trump no tomó acciones inmediatas para detener la violencia a pesar de que varios asesores y funcionarios le pidieron hacerlo. La inacción deliberada podría interpretarse como una forma de aprobación tácita de los hechos, lo cual contribuye a su responsabilidad penal.

La posible responsabilidad penal de Trump también depende de demostrar que él sabía o tenía razones para saber que sus palabras y acciones provocarían la violencia. La acusación se basa en conspiración para obstruir un procedimiento oficial, incitación a la insurrección, y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Los fiscales se apoyan en los discursos, las comunicaciones durante el evento, y los testimonios de personas cercanas a Trump que indican que se le advirtió sobre el riesgo de violencia y no tomó medidas para evitarla.

Este juicio está en curso y pendiente de desarrollarse. Sin embargo, pese a que Trump se ha quedo sólo y sin respaldo político en este hecho puntual, durante esta campaña electoral un ciudadano republicano indeciso lo cuestionó por su actuar el día del asalto al Capitolio y él respondió: “Ese fue un día de amor”. Además, que en varias ocasiones ha prometido interferir en la administración de Justicia, indultando a través del perdón presidencial a los responsables de los hechos violentos que fueron encontrados culpables.

Siendo un hecho ampliamente conocido, cabe preguntarnos, ¿será un invento su participación en el asalto al capitolio?

9. Uso de la Guardia Nacional contra Manifestantes (Black Lives Matter)

Durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, Donald Trump ordenó el uso de la Guardia Nacional y fuerzas federales para dispersar manifestaciones que habían sido mayoritariamente pacíficas, particularmente en Washington D.C. Uno de los eventos más controvertidos fue el despliegue de agentes federales en la Plaza Lafayette, cerca de la Casa Blanca, el 1 de junio de 2020. Ese día, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes que protestaban de manera pacífica. El objetivo era despejar el área para permitir que Trump caminara hasta la Iglesia de St. John y realizara una sesión fotográfica sosteniendo una biblia, un acto ampliamente percibido como una estrategia de relaciones públicas.

El uso de la fuerza en este contexto se consideró excesivo e injustificado y generó críticas de diversos sectores, incluyendo exmilitares y defensores de los derechos civiles, quienes señalaron que la dispersión de manifestantes violaba los derechos constitucionales a la libertad de expresión y la libre protesta. Trump también desplegó agentes federales en varias ciudades del país, como Portland, donde se reportaron incidentes en los que manifestantes fueron detenidos sin causa aparente y sin identificarse los agentes involucrados. Estas acciones fueron vistas como un intento de Trump de proyectar fuerza y “mantener el orden”, a pesar de que los métodos utilizados infringían los derechos civiles y aumentaban las tensiones.

Los elementos probatorios en contra de Trump incluyen videos y grabaciones de las operaciones llevadas a cabo en Plaza Lafayette y otras ciudades, donde se muestra a las fuerzas de seguridad actuando de manera desproporcionada contra manifestantes pacíficos. Además, varios testimonios de personas presentes y de oficiales de alto rango señalaron que el uso de la fuerza se llevó a cabo para facilitar la aparición pública de Trump, sin que existiera una amenaza clara de violencia por parte de los manifestantes. Documentos oficiales de la Guardia Nacional y del Departamento de Justicia también han sido utilizados para demostrar que el despliegue y las tácticas empleadas no estaban alineados con los estándares usuales para el control de multitudes en protestas pacíficas.

En este caso, sobra los elementos probatorios que vinculan al expresidente en los hechos repudiables, y básicamente lo que entrará en juego, es la valoración técnico legal sobre el uso excesivo de la fuerza y cumplimiento de los protocolos de actuación por parte de las fuerzas del orden. Hoy en día aún no hay cargos penales imputados, solo existe una investigación en curso.

10. Fraude en la Organización Trump (Impuestos y Seguros)

El fraude en la Organización Trump relacionado con impuestos y seguros se refiere a un esquema en el cual la empresa y sus ejecutivos, bajo la dirección de Donald Trump, inflaban o subestimaban el valor de los activos de la organización para obtener beneficios financieros y fiscales. Las alegaciones sostienen que la Organización Trump utilizó prácticas engañosas para obtener mejores términos de préstamos, seguros y reducciones de impuestos, ajustando los valores de propiedades y activos dependiendo de lo que beneficiara más a la empresa en un momento dado. Por ejemplo, se alega que Trump y sus ejecutivos inflaban el valor de propiedades como Trump Tower y otros bienes inmobiliarios para asegurar mejores préstamos bancarios con tasas de interés favorables, y luego subestimaban esos mismos valores en las declaraciones fiscales para pagar menos impuestos. Esto implicaba manipular deliberadamente las evaluaciones con el fin de obtener ventajas indebidas tanto en sus negociaciones con instituciones financieras como en sus obligaciones con el gobierno.

Las pruebas que sustentan estas alegaciones difícilmente pueden ser manipuladas, porque incluyen documentos financieros internos, declaraciones fiscales y registros de evaluaciones de propiedades en poder y emitidas por la misma parte acusada, junto con testimonios de exejecutivos y empleados de la Organización Trump. También se han presentado auditorías e informes elaborados por contadores externos que muestran discrepancias significativas en los valores de los activos según los contextos de préstamo o impuestos. La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha liderado la investigación, que ha resultado en cargos civiles y multas significativas para la organización, incluyendo una orden para el pago de cientos de millones de dólares.

El primer caso expuesto acá(numeral uno), se enfoca más en la manipulación de valores de propiedades para obtener préstamos y reducir impuestos, mientras que el décimo caso tiene un alcance más amplio al incluir también la manipulación para obtener beneficios de seguros y ventajas fiscales adicionales. Ambos casos involucran prácticas fraudulentas, pero difieren en el tipo de beneficios financieros buscados y en la naturaleza de las instituciones afectadas.

Este proceso sigue en curso, y al día de hoy algunos acusados del equipo de Trump han llegado a acuerdos con la fiscalía que incluyen admisiones de culpabilidad por parte de los máximos ejecutivos de dichas organizaciones.

Resumen de los fundamento que desmoronan la versión pública de Trump :

Estos son sólo una parte de los múltiples delitos de los cuales se ha señalado al expresidente, y lo interesante de esto es que:

1. Todos estos casos datan de antes de anunciar su candidatura presidencial del 2024;
2. Se desarrollan lentamente según las necesidades legales, indistintamente de las elecciones;
3. La mayoría de estos casos se han suspendido a favor del imputado, para evitar la apariencia de parcialidad y no interferir en la precepción del electorado;
4. Son ampliamente televisados y esto genera un control social de legalidad y presión para la efectiva administración de la justicia;
5. Están ampliamente documentados por pruebas que provienen de las mismas comunicaciones y documentos emitidos por la parte acusada;
6. En ninguno de los procesos se ha alegado persecución política frente a la robusta prueba en contra, tal como se ha hecho públicamente;
7. Cada caso ha sido presentado por diferentes fiscales independientes, lo que hace más difícil creer que es una acción dirigida;
8. Estos casos han sido evaluados en varias etapas judiciales, y los procedimientos en Estados Unidos incluyen revisiones por múltiples jueces, lo que hace improbable que todos los casos hayan sido fabricados sin que las irregularidades salieran a la luz;
9. Varios jueces que están involucrados en los procesos fueron designados por él mismo Trump durante su presidencia (Jueza Aileen Cannon, tres jueces del Tribunal Supremo, etc);
10. No existe pruebas ni proceso administrativos, penales o civiles en contra de los funcionarios que supuestamente se están prestando para perseguir al expresidente;

El retorno al Poder:

Para finalizar, debo destacar que es ilógico creer que todos estos delitos señalados anteriormente han sido parte de una persecución política por las razones ampliamente expuestas y que provienen de hechos conocidos por todos. Peor aún, sin haber pruebas, queja, acusación o demanda en contra de las personas que encabezan los procesos en perjuicio del exmandatario. Al contrario, si hay alguien que se ha favorecido de su influencia política e ideológica en la administración de Justicia y nombramiento de jueces, ese alguien es Donald Trump, quién formó un bloque decisivo en la Suprema Corte para declarar que los presidentes son inmunes a procesos judiciales por conductas oficiales, lo cual ha congelado algunos de los cargos contra Trump relacionados con el intento de subvertir las elecciones de 2020. Esto incluye la suspensión de la condena en el caso de Nueva York, la desestimación del caso de retención de archivos clasificados de Mar-A-Lago, y otros juicios relacionados. Sin obviar que muchos de estos procesos están suspendidos y serán retomados hasta después de las contiendas electorales.

Más allá de la conducta criminal de la persona aludida acá, lo que me llama la atención son las maromas que hacen personas que se auto denominan democráticos y defensores de valores y principios por un lado y por otro justifican acciones moralmente reprochables, que van desde acciones de discriminación a tu propia raza, hasta incitación de violencia que han terminado en tragedias mortales como el asalto al Capitolio del 06 de Enero del 2021. De llegar Trump al poder, se daría en un contexto de polarización social extrema, revanchismo político y bajo la ampliación de la inmunidad presidencial que podría tener un impacto significativo en varios aspectos del sistema político y judicial del país. Además, que evitaría la responsabilidad penal del presidente por acciones cometidas durante su mandato, dificultando enjuiciar por delitos potenciales como corrupción, abuso de poder u obstrucción de justicia.

En resumen, el retorno al poder bajo las nuevas reglas de inmunidad podría envalentonar más al delincuente en potencia expuesto acá, aumentar los discursos y delitos de odio social, reducir la transparencia y aumentar el riesgo de impunidad, afectando negativamente a la democracia, confianza ciudadana en las instituciones y percepción extranjera del país más fuerte y poderoso del mundo.