• abr. 14, 2024
  • 4:49 PM

El Salvador: de la ruptura a la sucesión

“El Estado es y será libre e independiente de España y de México y de cualquier otra potencia o gobierno extranjero, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona”

Créditos

Autor: Napoleón Campos

Nayib Bukele inauguró la ruptura jurídica y política el 9 de febrero de 2020 cuando invadió la Asamblea Legislativa con soldados y policías élite. Pocos se enteraron en el planeta pues el tema era un tal coronavirus que días más tarde sería el COVID-19 que se llevó a millones de personas, y nos marcó a los sobrevivientes.

La mayoría que obtuvo el 2021 su partido Nuevas Ideas junto a un puñado de diputados aliados no la utilizó Bukele para construir democracia sino para destruir la institucionalidad pública copiando el guión de proyectos más avanzados en América Latina: destituyeron al fiscal general que indagaba la corrupción durante la pandemia (cifrada entonces por un congresista de EEUU en US$ 2 mil millones) y a los magistrados de la CSJ reemplazándolos por afines que se inventarían un aval para su reelección inmediata prohibida por la Carta Magna vigente, un precepto contra intervencionismos y tiranos que data de la Ley Primaria de 1824:

“El Estado es y será libre e independiente de España y de México y de cualquier otra potencia o gobierno extranjero, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona” (Cap. I, Art. 1)

El intento de absolutización del poder en Perú que concluyó con la separación de Pedro Castillo ilustra que la sucesión es imperativa allí dónde amenaza la democracia quien juró defenderla y respetarla. Bukele está a horas de solicitar ser inscrito para la reelección, aunque el Art. 154 de la Constitución es tajante:

“El periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

La sucesión la establece la Constitución salvadoreña en el Art. 87 como el “derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”. El Art. 88 complementa: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.

El desastre es también económico y social. El disparate del bitcoin fue acompañado por el BCIE con US$ 210 millones reorientados lo cual en el contexto de saqueo de las finanzas públicas desembocó en una pérdida de confianza en dos ámbitos neurálgicos del Siglo XXI: uno, los títulos valores de El Salvador categorizados como basura por las calificadoras (Moody’s, Caa3; Standard & Poor’s, CCC+); dos, la caída y el éxodo de inversión extranjera reportada por entes multilaterales incluyendo CEPAL (US$ -101 millones,2022). La inseguridad jurídica engulle al país en su conjunto.

El FMI pronostica que el 2024 será peor que el 2023 para El Salvador pues mientras el resto de Centroamérica crecerá arriba del 3%, El Salvador bajará de 2.2 % a 1.9%. Agencias de la ONU alertan que el hambre se ha incubado entre un millón de habitantes, y cientos de miles ya no pueden comer 3 veces al día. El abandono del agro no tiene parangón. Bukele prioriza la importación de cereales con decretos legislativos favorables a algunos de sus allegados -entre ellos designados y sancionados bajo la Lista Engel- con negocios en ese sector.

La corrupción amerita referencia propia. El jefe saliente del BCIE, Dante Mossi, se prestó a servir de caja chica del gobierno de Bukele reorientando créditos que por su contenido desnaturalizan la entidad regional. Un día se sabrá su complicidad con la operación bitcoin que fue un fracaso tecnológico y un esquema de malversación de fondos. Luego, Mossi brindó un préstamo por más de US$ 115 millones para los Juegos Deportivos Centroamericanos. Nada más se sabe pues Bukele y sus diputados cercenaron la transparencia y rendición de cuentas que paulatinamente avanzaba desde los Acuerdos de Paz. Decapitaron dos normativas claves: Responsabilidad Fiscal, y Adquisiciones y Compras Públicas. Los señalados confirman que la contratación pública es una de las actividades del Estado más vulnerables a la corrupción.

El gran estandarte de Bukele con millonaria propaganda en el exterior -el combate a maras- se desnudó como una política perversa tanto por sus negociaciones con líderes pandilleros para diversos objetivos -por ejemplo, blindarlos para que no fueran extraditados a EE. UU.asunto revelado en causas criminales contra esos líderes en tribunales de New York y New Jersey- como por los más de 20 mil inocentes -sin nexos criminales ni antecedentes penales- encarcelados bajo el Régimen de Excepción. Decenas han sido asesinados y otros tantos desaparecieron, mientras al menos 100 mil niños sobreviven en las comunidades sin uno o ambos padres. Organizaciones de derechos humanos hablan sobre la configuración de Crímenes de Lesa Humanidad.

Nadie audita ni supervisa las presuntas encuestas que la propaganda oficial esgrime sobre la popularidad de Bukele. ¿Es posible validar científica y metodológicamente encuestas bajo un Régimen de Excepción que ha inyectado miedo generalizado entre la población, con soldados y policías cometiendo hurtos, robos y extorsiones, acosando mujeres y violando sexualmente a menores de edad? Siendo conocedor de encuestas estoy convencido de que no hay validación posible.

El Salvador no tiene salida electoral pues el terreno está sesgado desde el control del padrón hasta el diseño del voto electrónico por autoridades electorales quienes dicen desde hace meses que inscribirán a Bukele. El único desenlace civilizado es la restauración del Estado de Derecho. El país está justo en aquel cruce de esquina donde estuvo Nicaragua entre 2009 y 2010 que -por mirar para otro lado tanto la sociedad civil como la comunidad internacional- Ortega aprovechó para entronizarse.

El último sujeto que intentó perpetuarse -tras haber asesinado a 30 mil salvadoreños en 1932- fue el Gral. Hernández Martínez, derribado hace 8 décadas por una huelga de brazos caídos. Un pueblo que en 1992 concluyó su guerra civil que dejó la estela de 75 mil muertos, un santo -Monseñor Romero- y mártires jesuitas, ¿Hará suya la sucesión como acto legítimo ante quienes transgreden el orden constitucional y vulneran las libertades fundamentales? ¿Cuándo sucederá?

Napoleón Campos

Francisco Napoleón Campos es un especialista salvadoreño en Relaciones Internacionales, integración regional y migraciones.